El Subsecretario de Agricultura de Mexico Víctor Suárez sobre la campaña por la autosuficiencia alimentaria
Read the interview in English.
Hace unas semanas, tuve la oportunidad de charlar un momento con Víctor Suárez Carrera, el Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nos conocemos bien, durante treinta años de luchas contra el Tratado de Libre Comercia de América del Norte (TLCAN). Quise explorar más a fondo las nuevas iniciativas del gobierno para estimular la producción de pequeña y mediana escala de cultivos básicos y reducir la dependencia creciente a las importaciones desde los Estados Unidos, documentado en mi informe reciente “Nadar Contra Corriente.”
Subsecretario Suárez es ingeniero agrónomo especialista en economía agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Tiene diplomados en Alta Dirección de Entidades Públicas (INAP) y políticas públicas para el sector agroalimentario (INAP-Colegio de Posgraduados). Dice que su mayor aprendizaje lo ha obtenido al lado de las luchas de las comunidades chinantecas, zapotecas y mixes de Oaxaca y tojolabales de Chiapas, así como de las organizaciones campesinas de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), de la cual fue director ejecutivo entre 1995 y 2017.
Como diputado federal en la LIX Legislatura (2003-2006), formó parte de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública; presidió el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), e impulsó la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, la Ley de Protección y Mejoramiento de Semillas Mexicanas.
Ha publicado varios libros: ¿Tiene futuro la agricultura campesina? Políticas públicas para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural con campesinos (2005); Políticas públicas para la agricultura mexicana con base en el consenso y la certidumbre. El caso de la Ley de Planeación Para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (2011), y Rescate del campo mexicano. Organización campesina y políticas públicas posneoliberales. (2017). Este último compila una serie de artículos y ensayos que publicó entre 2000 y 2016 en diversas revistas y suplementos periodísticos, en especial La Jornada del Campo.
El Instituto para Políticas Agrarias y Comerciales (IATP por sus siglas en inglés) también le conoce bien, porque sirvió en el Cuerpo Directivo de 2009 a 2011.
Q: El Presidente Andrés Manuel López Obrador te dio el nuevo título de Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que enfrenta México con la dependencia de importaciones de alimentos?
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-23 identifica la autosuficiencia alimentaria como un reto fundamental. Establece que el sector agropecuario fue uno de los más devastados por las políticas neoliberales y dice: “… A partir de 1988 se destruyeron mecanismos que resultaban fundamentales para el desarrollo agrario, se orientó el apoyo público a la manipulación electoral y se propició el vaciamiento poblacional del agro. Ello no sólo ha resultado desastroso para los propios campesinos, sino para el resto del país: actualmente México importa casi la mitad de los alimentos que consume, así como la mayor parte de los insumos, maquinaria, equipo y combustibles para la agricultura”.
El gobierno de López Obrador impulsó diversos programas para, en sus palabras, “romper ese círculo vicioso entre postración del campo y dependencia alimentaria.”
El PND incluye en primer lugar a Producción para el Bienestar, el cual es operado por la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura, a mi cargo. Asimismo, enlista al programa de apoyo a cafetaleros y cañeros del país; el Programa de Precios de Garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche; el Programa Crédito Ganadero a la Palabra; la Distribución de Fertilizantes, y la creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). También, de la Secretaría de Bienestar, tenemos el programa agroforestal Sembrando Vida.
Todos estos programas se mantienen vivos. Y en este 2023 se observa un fortalecimiento particular en Producción para el Bienestar ligado con la entrega de fertilizantes gratuitos del programa Fertilizantes para el Bienestar.
Producción para el Bienestar ofrece apoyos directos a 2 millones de productores de maíz, frijol, trigo, arroz, otros granos, milpa, café, caña de azúcar, cacao, miel de abeja y nopal (este último a partir de fines de 2022), con montos anuales que van desde 6 mil pesos como monto mínimo por productor hasta 24 mil como monto máximo. Asimismo, despliega sus Estrategias de Acompañamiento Técnico y de Apoyo al Acceso al Financiamiento.
En este 2023, alrededor de 1.5-1.6 millones de productores beneficiarios de Producción para el Bienestar (productores de maíz, frijol, trigo y arroz) tendrán acceso a fertilizantes gratuitos del programa Fertilizantes para el Bienestar (FpB).
FpB es un programa que en 2019 inició brindando fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala del estado de Guerrero y fue ampliándose gradualmente, para llegar en 2023 a extenderse a toda la República para atender a 2 millones de productores con 3 millones de hectáreas, fundamentalmente de granos orientados a la alimentación humana.
Q: Aumentó mucho la dependencia después del TLCAN en 1994, en parte por el dumping, la exportación de productos agrícolas a precios bajo sus costos de producción. ¿Qué impactos ha tenido el dumping sobre la producción doméstica de maíz, trigo, leche, y otros alimentos que producen y consumen los mexicanos?
A partir del arranque del TLCAN, y a lo largo de 25 años, México importó volúmenes crecientes de granos y oleaginosas procedentes de Estados Unidos, en muchos casos a precios dumping. Ello, impulsado por decisiones gubernamentales (de las administraciones neoliberales que se tuvieron hasta 2018), las cuales facilitaron ese acceso, con mecanismos que liberalizaron las cuotas previstas en el TLCAN para el caso de maíz y frijol y sin tomar medidas para enfrentar ese dumping.
El gobierno buscaba así que los agroindustriales tuvieran acceso a materias primas a bajos precios y mantener bajo control la inflación, sin considerar los efectos nocivos de la competencia desleal sobre la producción agrícola interna, y sin considerar tampoco el comportamiento variable y volátil de los mercados globales. Los precios internacionales de los granos –por muchos años artificialmente bajos-- se elevaron sobre la inflación mexicana durante las décadas de 2000 y 2010, y en los años recientes también han repuntado significativamente debido al encarecimiento de los energéticos y de las afectaciones productivas y comerciales por la guerra entre Rusia y Ucrania.
El dumping, aunado al retiro de instituciones y políticas a favor del campo (ocurrido en los años 80s y 90s), tuvo como efecto un desestímulo estructural a la producción interna de granos. Las importaciones de granos se dispararon, al tiempo que también creció el consumo. Hoy se estima que 48 por ciento del consumo de granos y oleaginosas proviene de las importaciones y el 52 por ciento es de producción nacional.
En maíz las importaciones eran prácticamente cero en 1993, previo al TLCAN y para 1996 rebasaron los 5 millones de toneladas; en 2007 llegaron a 10.7 millones y en 2021 se rebasó la cifra de 17.7 millones de toneladas.
En 2000, México erogó 979 millones de dólares en la importación de maíz, trigo, frijol y arroz. En 2021 ese monto llegó a 7 mil 189 millones. En dos décadas se ha septuplicado la dependencia de importaciones en estos cultivos básicos (en términos de dólares erogados).
Q: El presidente entró con un mandato fuerte sobre el desarrollo rural. ¿Qué prometió a las organizaciones campesinas y a las comunidades rurales?
En campaña por la Presidencia, en abril de 2018, en una gira por Jerez, Zacatecas, el hoy presidente López Obrador se reunió con organizaciones campesinas de todo el país y allí estableció sus compromisos con el campo, apoyando un manifiesto acordado por grupos campesinos.
Prometió “terminar el menosprecio, el abandono al campo y comenzar una etapa nueva de rescate al campo, a los campesinos y a la actividad productiva”.
Declaró entonces: “Les digo de manera sincera que el rescate al campo es una de las principales prioridades de nuestro gobierno, vamos a impulsar las actividades productivas del campo como no se ha hecho en mucho tiempo, en décadas, vamos a regresar al campo”. Expresó tener el sueño que quiero que se convierta en realidad de que no haya migración, que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde sus costumbres, donde está su cultura es que quiera irse que se vaya por gusto, no por necesidad.
Ofreció “apoyar la actividad productiva del campo” y buscar la autosuficiencia alimentaria: no comprar más en el extranjero lo que consume el país. “Vamos a producir en México todo lo que consumimos”.
Criticó a los neoliberales, tecnócratas corruptos e irresponsables, que llevaron a los mexicanos a la pobreza, a la marginación, y se desató la inseguridad y la violencia, y que propiciaron el “ridículo, el absurdo” de una grave dependencia de maíz del extranjero, alimento que es originario de México.
Para subsanar la dependencia alimentaria, dijo, se darán apoyos a productores, ejidatarios, comuneros, a pequeños propietarios y serán apoyos directos, que no se queden en manos de intermediarios; se fijarán precios de garantía para los productos del campo y se le va a pagar bien al productor por sus cosechas.
Ofreció apoyar con fertilizantes orgánicos y que la planta de Fertimex se utilizaría para producir fertilizante para entregar a los productores del campo.
También ofreció otorgar créditos a la palabra para la agricultura y ganadería, repoblar el ganado, y sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en el sur y sureste del país.
Q: El PpB tiene metas ambiciosas de promover la producción de los agricultores de pequeña y mediana escala. ¿Representa un cambio de prioridad de gobiernos anteriores?
Sí, por supuesto. A diferencia de los programas que le antecedieron --Procampo y Proagro--, Producción para el Bienestar tiene una orientación clara a favor de los productores de pequeña y mediana escala (hasta con 20 hectáreas de temporal o cinco de riego).
Procampo nació en 1993 como un programa universal para productores de granos con una cuota específica (en ese entonces equivalente a 100 dólares por hectárea) y aun aquellos con predios de gran escala, o incluso grandes rentistas, calificaban para ser beneficiarios. Cuando este programa se transformó en Proagro, se estableció un tope de hasta 80 hectáreas para ser beneficiarios. Tanto Procampo como Proagro beneficiaron a productores que no requerían subsidio alguno para su actividad.
En México el 85 por ciento de las unidades productivas del país son de pequeña o mediana escala, y estas aportan el 54 por ciento del valor de la producción nacional de los principales 35 cultivos. En varios casos, de productos fundamentales para nuestra dieta nacional o de materias primas exportables, se está por encima de ese porcentaje.
Ahora 83.5 por ciento de los beneficiarios de Producción para el Bienestar (un millón 872 mil 698 en 2022) son de pequeña escala (hasta cinco hectáreas de temporal; no aplica riego). Además de que seis de cada 10 se ubican en el sur-sureste, región ésta que ha sido relegada históricamente y donde se asienta la mayor parte de la población indígena del país. Según los datos de cierre del 2022, 57.3 por ciento de los beneficiarios se ubican en municipios con población indígena y 34.2 por ciento son mujeres.
Q: ¿Qué resultados han logrado con estos programas para reducir la dependencia al exterior? Y qué logros más se esperan en el año que le queda al presidente del sexenio? ¿Se espera bajar la dependencia alimentaria de los productos prioritarios?
La confluencia de programas estratégicos para el campo (Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, Fertilizantes y Precios de Garantía fundamentalmente) ha permitido un incremento en los volúmenes de producción agropecuaria. En 2023 el presupuesto de todos estos programas creció por 33 por ciento sobre el año anterior y gracias a ello es previsible un aumento de la producción. En particular, se prevé un repunte productivo gracias a la incidencia del programa Fertilizantes para el Bienestar, que en 2023 creció en su presupuesto en 220.8 por ciento en términos nominales. El programa implicará un millón de toneladas de fertilizantes a favor de 2 millones de productores de pequeña escala, fundamentalmente de granos para la alimentación humana directa (maíz, frijol, trigo y arroz), con un total de 3 millones de hectáreas.
Q: Aunque se va aumentando la distribución de fertilizantes sintéticos, pone el gobierno mucho énfasis en la promoción de producción ecológica. ¿Cómo se integra dentro de PpB?
El programa Producción para el Bienestar cuenta con una Estrategia de Acompañamiento Técnico (EAT) que impulsa la transición agroecológica, con la adopción gradual o inmediata, según las características y decisiones de los productores, por medio de 4 mil 200 escuelas de campo establecidas en 800 municipios de 28 entidades de la República.
Esas escuelas de campo se orientan fundamentalmente a maíz, café, miel, caña, cacao. frijol, leche y milpa. Son predios propiedad de productores innovadores –que ya en el pasado han desarrollado exitosamente prácticas agroecológicas—y allí se realizan capacitaciones, intercambios entre productores y técnicos y científicos de la EAT, y se muestra el uso de los bioinsumos y sus resultados.
Q: Con esos apoyos, ¿han podido los agricultores bajar su uso de insumos químicos? ¿Han sufrido bajas en su productividad? O se ven aumentos por la más alta fertilidad de suelos más sanos?
En predios de maíz dentro de la EAT, hemos documentado un incremento importante en el uso de bioinsumos y una reducción de uso de glifosato. Va en aumento el desarrollo de prácticas agroecológicas. Vemos en muchos casos un incremento en los rendimientos de toneladas por hectárea y una reducción de costos de producción con la reducción del uso de insumos químicos. Este 2023 se tendrán resultados actualizados en maíz, y también en otros cultivos como cacao, caña de azúcar, miel de abeja, café, amaranto y chía.
Q: ¿Qué impactos han tenido las reducciones en las aplicaciones de glifosato? Algunos comentaristas han previsto impactos muy negativos.
El uso del glifosato ha bajado incluso respecto de los niveles permitidos (las cotas establecidas por el Gobierno de México vía la Secretaría de Medio Ambiente, con base en el Decreto del 31 de diciembre de 2020). En 2021 la cota de glifosato granulado fue de 16 mil 526.18 toneladas y sólo se importó el 45.37 por ciento, esto es 7 mil 497.99 toneladas. En 2022, la cota fue de 8 mil 263.09 toneladas y (al cierre de noviembre) se importó el 47.85 por ciento, esto es 3 mil 953.78 toneladas. En el glifosato técnico también se registraron importaciones significativamente inferiores a la cota. Para 2023 la cota de importación de glifosato granulado es de 4 mil 131.5 toneladas.
Ello no ha tenido impacto en los volúmenes de producción agrícola. Aunque modesta, hay una tendencia creciente de la producción agrícola. Al tiempo que ha bajado la importación de glifosato, la producción de maíz se perfila este año para sumar 28.5 millones de toneladas, en comparación con 26.6 millones de 2022.
Q: MORENA está promoviendo iniciativas de ley sobre la salud pública y el derecho a la alimentación. ¿Qué significan estas propuestas? ¿Podrían asegurar que continúen los esfuerzos después del presente sexenio?
El avance que se observa es en la iniciativa de Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, la cual ha sido ya aprobada en lo general y en lo particular por la comisión de Estudios Legislativos Segunda y las comisiones unidas de Bienestar y Desarrollo Social, del Senado de la República, y quedó de primera lectura en el Pleno del Senado. Se espera que en septiembre pase a segunda lectura para su discusión y aprobación final.
Esta ley, promovida por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, se sustenta en la modificación, en 2011, al artículo 4º Constitucional, que consagró el derecho humano a la alimentación, al establecer que: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, y es también resultado de 25 años de lucha y movilización social, destacadamente de la Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País.
La ley prevé la creación del Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC), que sería la instancia de colaboración entre los tres órdenes de gobierno (Federación, Estados y Municipios), la ciudadanía y los comités de alimentación. El SINSAMAC impulsaría acciones encaminadas a garantizar el derecho a la alimentación adecuada, y fomentar la producción, abasto, distribución y consumo de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad; fortalecer la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria del país, y promover la generación de entornos alimentarios sostenibles que propicien el consumo informado de alimentos saludables y nutritivos.
Asimismo, prevé que las dependencias federales, de los estados y municipios incorporen al menos un 15 por ciento de sus compras gubernamentales de alimentos e insumos primarios, directamente de los productores agropecuarios, pesqueros y forestales de pequeña y mediana escala. Considera la creación de reservas estratégicas de granos básicos y semillas, que permitan superar el desabasto y dar continuidad a la actividad productiva.
Es previsible que, de ser aprobada esta ley, tenga por supuesto incidencia transexenal, en favor del interés de una alimentación saludable.
En cuanto a la iniciativa de ley para prohibir gradualmente el uso de plaguicidas altamente peligrosos (PAP), presentada también por la senadora Rivera Rivera y apoyada por un grupo de senadores de Morena, se mantiene en stand by, porque otro grupo senatorial del propio Morena presentó una contrapropuesta que, en lugar de prohibir, propone regular esos PAP (esto, ligado al interés empresarial). El tema se ha paralizado en el Senado.
Q: ¿Cómo puede el Programa de Precios de Garantía contrarrestar los impactos negativos del dumping?
Un primer paso es la desvinculación de la formación del precio del maíz blanco respecto de la bolsa de granos de Chicago, y del precio dumping del maíz amarillo que se ejerce, en primer lugar contra los productores mismos de Estados Unidos y contra los productores de México.
Q: ¿Cómo está utilizando el gobierno el PPG y las compras del gobierno para elevar el precio del maíz blanco en Sinaloa ante la reciente caída del 30% en el precio internacional del maíz respecto a sus altos niveles recientes? El precio de referencia de Chicago estaba por debajo de los 5,000 pesos/tonelada, muy por debajo de los costos de producción de los agricultores.
Entre junio y agosto, durante la cosecha del ciclo productivo otoño/invierno 2022-23, se implementó en el estado de Sinaloa un mecanismo novedoso de manejo de la oferta, que está actualmente permitiendo colocar al maíz blanco no transgénico en una posición diferenciada respecto de las fórmulas con que se determinan los precios del commodity maíz.
Esto marcará un precedente muy importante para valorar de mejor manera este maíz blanco mexicano que –es muy importante decirlo, no es transgénico—y considerarlo cultivo “de especialidad”, con características nutricionales diferentes, mejores, respecto del maíz amarillo, que es el que se concibe como commodity, que se cotiza en la bolsa de granos de Chicago y que se utiliza predominantemente como forraje, como alimento para el ganado.
En el ciclo otoño/invierno 2022-23 Sinaloa produjo alrededor de 5.5 millones de toneladas de maíz blanco –lo cual implica una contribución de alrededor de 20 por ciento respecto de la producción nacional, porcentaje común en las décadas recientes.
El mecanismo novedoso, implementado por el Gobierno federal y por el gobierno estatal de Sinaloa, consistió en la decisión de comprar, desde ambas partes, de 2 millones de toneladas (adquisición que aún está en curso), con un precio de garantía de 6 mil 965 pesos, muy por encima del precio de referencia de la bolsa de Chicago.
De esos dos millones, un millón y medio de toneladas es compra por parte del gobierno federal, con productores con predios de hasta 15 hectáreas y con rendimientos promedio de 11 toneladas por hectárea, y 500 mil toneladas corresponden a compras por parte del gobierno estatal, con productores de hasta 50 hectáreas.
Esta situación se conbina con la decisión establecida en el Decreto presidencial sobre maíz transgénico y glifosato, publicado el 13 de febrero pasado en el Diario Oficial de la Federación, de impedir el uso de maíz transgénico para consumo humano, y con el establecimiento por parte del Gobierno federal de un prohibitivo arancel del 50 por ciento a la importación de maíz blanco. Esta última decisión ocurrió en medio de la cosecha maicera de Sinaloa y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2023, con vigencia hasta que concluya 2023.
De esta forma, ocurrió una reducción de la oferta en Sinaloa. Además, el maíz blanco sinaloense que quedó disponible, 3.5 millones de toneladas, corresponde a los productores con predios mayores a 50 hectáreas, esto es productores de mayor escala cuyos costos de operación son menores a los de productores con menor escala y son individuos o empresas con capacidad de negociación. Esos 3.5 millones de toneladas están siendo comercializados a precios diferenciados, en niveles en que se ponen de acuerdo los productores con los compradores, y en el entendido de ambos de que la disponibilidad de cosecha es escasa.
Tales negociaciones consideran además que en el mercado internacional los precios del commodity maíz están repuntando debido a que se rompió el acuerdo que, en el marco de la guerra del Mar Negro, permitía el flujo de exportaciones de los países productores de esa región a mercados ajenos a ésta. Toda esta estrategia apunta a diferenciar, de manera estructural, al maíz blanco no transgénico de especialidad para consumo humano respecto de las cotizaciones del commodity maíz.
Y es todo un logro, pues se valora adecuadamente al maíz blanco. Los precios de garantía aplicados corresponden al costo de producción más una utilidad. Fórmula que debería a aplicar siempre para valuar la producción del campo, tal como ocurre con cualquier mercancía de cualquier otro sector de la economía.
La estrategia somete a escrutinio la validez y justeza de las bolsas internacionales de productos del campo. En el pasado, en México, tanto en el ciclo otoño/invierno como en el de primavera/verano, los precios del maíz blanco se relacionaban con los precios del commodity de la bolsa de futuros de Chicago, por medio de las llamadas fórmulas de “precios de indiferencia”, que establecían la posibilidad de que a los compradores les fuera indiferente importar de Estados Unidos a comprar internamente (en términos de precios). Ello generaba procesos perversos, de chantaje de las empresas compradoras (que son grandes y oligopólicas, como Cargill, Maseca, Minsa, y otras consumidoras de maíz forrajero pero que compran blanco sin reconocerle su diferenciación respecto del amarillo). De esa forma, el Gobierno federal aplicaba subsidios millonarios tanto para compensaciones al productor como para la movilización del grano.
En este punto, entendamos que Sinaloa está muy distante del centro-sur y parte importante de su cosecha se mueve a estos mercados con costos significativos de transporte y almacenamiento. Entonces ocurrió que, durante todo el periodo de gobiernos neoliberales, en especial a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, los precios del maíz blanco no transgénico de especialidad fueron subvaluados al aplicarles el precio del commodity. Fue un robo continuo y millonario a los productores.
Los 2 millones de toneladas adquiridos con precio de garantía, 800 mil se irán a Diconsa para la comercialización del grano vía su red de tiendas rurales, y el resto se constituirá en una reserva, la cual paulatinamente irá desahogándose en el mercado, y habrá de reconstituirse con cosechas del próximo ciclo primavera/verano. Contar con una reserva en manos del Estado es fundamental para enfrentar cualquier problema climático o de escasez artificial que pudiera ocurrir. La estrategia en Sinaloa es un primer paso y se afinará y replicará en próximas cosechas.
Los efectos múltiples de esta estrategia son que primero, se garantiza la comercialización de cosechas a productores de pequeña escala con un precio justo que cubre costos y brinda una ganancia aceptable. Segundo, se reduce la oferta disponible en el mercado para permitir una negociación adecuada entre productores de mayor escala y compradores. Tercero, se constituye una reserva estratégica de maíz blanco, alimento fundamental para la dieta mexicana. Y finalmente, se establece una política pública, con incidencia ahora en el maíz blanco de Sinaloa, que apunta en el futuro a volverse más amplia e involucrar a otros cultivos estratégicos para la seguridad alimentaria y el bienestar social rural, política que desliga la definición de precios locales y nacionales respecto de los mercados internacionales, altamente especulativos, volátiles y ajenos a las condiciones reales de la producción del campo.
Q: A largo plazo, ¿tiene el gobierno una estrategia para reducir las importaciones de maiz amarillo transgenico?
La estrategia consta de tres ejes. Uno de ellos consiste en impulsar la producción local de vegetales que pueden sustituir al maíz en la alimentación animal, como es el tubérculo yuca, el cual es fuente importante de almidón y proteína; otro es la remolacha forrajera, con alto contenido de almidón.
El segundo eje implica propiciar encuentros entre productores de maíz de Estados Unidos dispuestos a sembrar y ofrecer maíz amarillo no transgénico, con compradores que tradicionalmente adquieren maíz amarillo transgénico, a fin de que establezcan convenios de comercialización con contratos favorables para ambas partes, proceso que ya inició: ya hubo un primer encuentro y vendrán más.
Y el tercer eje se refiere al impulso a la siembra, dentro de territorio nacional, de maíz amarillo no transgénico, en zonas de demanda de grano amarillo para forraje.
Q: El decreto del presidente para restringir el uso de glifosato, prohibir la siembra de maíz transgénico, y reducir o eliminar su importación tiene mucho que ver con la salud pública y el medioambiente. El secretario de la agricultura en los EEUU, Tom Vilsack, dice que México está violando los acuerdos del TMEC y que el decreto no se fundamenta en la ciencia.
Sí se fundamenta en ciencia. CONAHCYT ya tiene un banco de datos y estudios académicos amplios. El decreto de febrero 2023 se fundamenta en la ciencia y no viola el T-MEC. Como ha dicho nuestra Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, México no teme un panel de controversia porque va a demostrar que el decreto no ha causado pérdidas significativas a exportadores estadounidenses, porque no restringe las importaciones, solo el uso de maíz transgénico en la masa y la tortilla. Y va a demostrar que estudios científicos señalan riesgos a la salud y el medioambiente para un país con tanta diversidad de maíces y con un consumo tan alto en maíz mínimamente procesado. Tenemos el derecho de proteger la salud pública y el medioambiente.
Read the interview in English.
