Publicado en The American Prospect, 15 de marzo de 2021.
El gigante de la agroindustria Bayer/Monsanto afirma que las restricciones propuestas por México sobre el ingrediente activo de su herbicida Roundup violan el acuerdo comercial del país con Estados Unidos. ¿Estará de acuerdo la Administración Biden?
Con la pronta confirmación de Katherine Tai como la nueva representante comercial de Estados Unidos, por parte del presidente Biden, ¿veremos un nuevo enfoque para el comercio? En su audiencia de confirmación, Tai reconoció que el comercio no había logrado "plantear normas con respecto a los trabajadores y la protección del medio ambiente", sino que a menudo generaba "una carrera hacia el barranco".
La nominación de Tai recibió apoyo bipartidista, incluso de demócratas progresistas, que le dieron altas calificaciones por su trabajo anterior para fortalecer las disposiciones laborales y ambientales en el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), que reemplazó al TLCAN. También ayudó a lograr la eliminación del mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados, el cual permitía a las corporaciones demandar a los gobiernos por reglas que amenazan sus ganancias.
Pero Tai enfrentará una prueba temprana desde México, que en la víspera de año nuevo emitió un decreto presidencial que prohíbe el cultivo e importación de maíz genéticamente modificado (GM) y elimina gradualmente el uso del glifosato, el ingrediente activo del herbicida Roundup de Bayer/Monsanto. Bajo la presión de la industria, el predecesor de Tai, Robert Lighthizer, advirtió el año pasado al gobierno mexicano que no tomara tales acciones y amenazó con demandar a México en el marco del nuevo acuerdo comercial.
Sin duda, Tai enfrentará una presión similar. La pregunta es: ¿aceptará las acciones de México como intentos legítimos de detener la carrera hacia el barranco en las áreas de salud pública y medio ambiente? ¿O utilizará el T-MEC para impedir la capacidad de México para proteger a sus ciudadanos?
Decreto audaz de México
Al emitir el decreto que ordena la eliminaciatión gradual del uso de glifosato durante tres años., el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió promesas de campaña de larga data. Se basó en el creciente expediente de investigación científica que muestra los peligros del glifosato, el ingrediente activo de Roundup. El gobierno había detenido las importaciones de glifosato desde fines de 2019, considerando advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de que el químico es un "probable carcinógeno". En Estados Unidos, el glifosato ha sido objeto de miles de demandas legales por impactos en la salud, y Bayer reservó más de 11 mil millones de dólares para llegar a acuerdos con los demandantes.
La prohibición inmediata de permisos para el cultivo de maíz transgénico formaliza las restricciones actuales, ordenadas por los tribunales mexicanos en 2013 en respuesta a una demanda ciudadana, que impugnó el permiso del gobierno para la siembra experimental de maíz transgénico por parte de Monsanto y otras empresas multinacionales de semillas, con el argumento de que la polinización cruzada contaminaría los importantes cultivos de variedades nativas de maíz de México.
El nuevo decreto va un paso más allá: ordena la eliminación gradual, durante tres años, de las importaciones de maíz transgénico producido con glifosato. Bajo el TLCAN, las exportaciones de maíz de Estados Unidos a México aumentaron un 400 por ciento; la gran mayoría de ese maíz transgénico amarillo fue destinado principalmente a alimento para ganado. Esas importaciones fueron parte de una carrera extrema al barranco en materia de salud pública y de los medios de vida rurales en México. Millones de productores y campesinos mexicanos que no pudieron competir con la avalancha de importaciones baratas vieron caer en picada los precios de sus cultivos; muchos fueron desplazados de la agricultura. El consumo de carne, lácteos y alimentos procesados basados en parte en maíz se disparó.
La prohibición de importaciones toma como argumento la amenaza de contaminación de las variedades nativas de maíz, pero va más allá: avanza en uno de los objetivos del gobierno de López Obrador, de promover la producción nacional de maíz para lograr la autosuficiencia alimentaria en cultivos fundamentales
Las políticas agrícolas del presidente López Obrador han comenzado a favorecer principalmente a los productores de pequeña y mediana escala, y a proteger a los consumidores, que están alarmados por el aumento de la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas con los alimentos procesados, con alto contenido de grasas y azúcar. El presidente populista recibió un apoyo sin precedentes de los votantes rurales en su aplastante victoria de 2018, con su Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con la que además logró mayorías en ambas cámaras del Congreso.
Frente a la industria
López Obrador tomó medidas a pesar del intenso cabildeo de Bayer/Monsanto y representantes del gobierno de Estados Unidos. Una publicación del 16 de febrero en The Guardian reveló los esfuerzos de Bayer/Monsanto, el cabildero de la industria CropLife y funcionarios del gobierno estadounidense para impedir la prohibición del glifosato. Según la correspondencia por correo electrónico obtenida por el Centro para la Diversidad Biológica, a través de solicitudes de información basadas en el Acta de Libertad de Información, funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental de la administración Trump, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de la Oficina de la Representación Comercial de ese país estuvieron en contacto con representantes de Bayer y advirtieron a los funcionarios mexicanos que las restricciones sobre el glifosato podrían colocar a México en una posición de violación del T-MEC.
Las nuevas disposiciones sobre biotecnología agrícola, productos químicos y las denominadas "buenas prácticas regulatorias" proporcionan herramientas para la intromisión empresarial en las normas ambientales y de salud pública, así como motivos para reclamos comerciales oficiales. La restricción a las importaciones de maíz transgénico podría ir en contra de las disposiciones de “no discriminación” del T-MEC, a pesar de que México no discrimina a Estados Unidos, ya que prohíbe las importaciones transgénicas de cualquier país. Aunque fuentes de la industria advirtieron de inmediato que México perdería suministros claves para sus industrias ganaderas en crecimiento y que los agricultores estadounidenses perderían uno de sus mercados de exportación más importantes, los agricultores estadounidenses son perfectamente capaces de producir maíz no transgénico a precios comparables.
Los funcionarios mexicanos han sido muy claros en que la justificación del decreto no es restringir el comercio, sino avanzar en el objetivo gubernamental de proteger la salud pública y el medio ambiente, al tiempo que se impulsa el desarrollo rural. La revitalización rural también promovería el objetivo declarado del presidente Biden, de abordar las causas fundamentales de la migración. Muchos migrantes mexicanos huyen no sólo de la violencia de las pandillas, sino también de la pobreza.
Víctor Suárez, subsecretario Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura de México, nos dijo: “Nuestro fundamento se basa en el principio de precaución ante los riesgos ambientales, así como en el derecho del gobierno mexicano a actuar a favor del bien público, en áreas importantes como la salud pública y el medio ambiente… Somos una nación soberana con un gobierno democrático, que llegó al poder con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, que antepone el cumplimiento de nuestra Constitución Política y el respeto a los derechos humanos por encima de todos los intereses privados”.
La política comercial se ha utilizado durante mucho tiempo para derribar regulaciones y brindar a las industrias protecciones que nunca podrían obtener a través de la legislación tradicional. En los años recientes, los demócratas han rechazado este enfoque; fue una de las principales razones para el rechazo de la Asociación Transpacífica (TPP).
Tai hizo enfatizó que reconsideraría muchas políticas comerciales y controversias existentes, y lo haría sobre la base de amplias consultas. Esa reevaluación debería incluir abstenerse de utilizar acuerdos como el T-MEC para socavar acciones gubernamentales que detienen la carrera en picada de los estándares laborales y ambientales. En lugar de seguir utilizando la amenaza de disputas comerciales para obligar a otros países a adherirse a los estándares e intereses de Estados Unidos, este país debería apoyar este y otros esfuerzos para proteger la salud humana y el medio ambiente.
Mucha gente está pidiendo también a Tai que ponga fin a la oposición de Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio a flexibilizar las protecciones de patentes, para facilitar el acceso amplio a las vacunas contra COVID-19. Estos serán dos indicadores tempranos de la voluntad de la administración de Biden de priorizar el interés público sobre las demandas corporativas a nivel internacional.
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